ExamenLey1905

🏛️ Derecho constitucional y acciones constitucionales

La Constitución de 1991 como norma de normas

El artículo 4 de la Constitución Política declara que la Constitución es norma de normas y que, en caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales: es la excepción de inconstitucionalidad, que cualquier autoridad puede aplicar en un caso concreto y con efectos únicamente inter partes. Colombia se define en el artículo 1 como un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. El artículo 2 fija los fines esenciales del Estado y el artículo 3 radica la soberanía en el pueblo. El bloque de constitucionalidad (art. 93) integra al texto los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia que prohíben su limitación en estados de excepción, lo que explica que la Convención Americana sobre Derechos Humanos sirva de parámetro de control.

Las tres generaciones de derechos

El Título II clasifica los derechos en tres capítulos. Los derechos fundamentales (arts. 11 a 41) comprenden la vida, la prohibición de desaparición forzada y tortura (art. 12), la igualdad (art. 13), la intimidad y el habeas data (art. 15), el libre desarrollo de la personalidad (art. 16), la libertad de conciencia y de cultos (arts. 18 y 19), la libertad de expresión (art. 20), el debido proceso (art. 29) y el habeas corpus (art. 30). Los derechos sociales, económicos y culturales (arts. 42 a 77) incluyen la familia, la salud, la seguridad social, el trabajo y la educación. Los derechos colectivos y del ambiente (arts. 78 a 82) protegen el consumidor, el ambiente sano y el espacio público. La Corte Constitucional ha admitido que un derecho prestacional se torna fundamental por conexidad o cuando se define su contenido mínimo.

Las acciones constitucionales

Cada derecho tiene su vía procesal. La acción de tutela (art. 86, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991) protege los derechos fundamentales frente a la acción u omisión de una autoridad pública —y de particulares en los casos del artículo 42 del decreto—; es informal, preferente y sumaria, se falla en diez días y procede solo cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que se use como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La acción de cumplimiento (art. 87, Ley 393 de 1997) hace efectiva una ley o un acto administrativo. Las acciones populares y de grupo (art. 88, Ley 472 de 1998) protegen, respectivamente, los derechos colectivos y los perjuicios de un número plural de personas en condiciones uniformes. El habeas corpus (art. 30, Ley 1095 de 2006) se resuelve en treinta y seis horas frente a la privación ilegal de la libertad, y el habeas data se desarrolla en la Ley 1581 de 2012.

Estructura del Estado y control de constitucionalidad

El poder público se divide en las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, junto a los organismos de control (Ministerio Público y Contraloría) y la organización electoral. El artículo 241 asigna a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución: decide sobre las demandas de inconstitucionalidad contra leyes y actos legislativos por vicios de procedimiento, revisa los decretos legislativos de los estados de excepción, examina previamente los proyectos de ley estatutaria y revisa eventualmente los fallos de tutela. Los estados de excepción —guerra exterior (art. 212), conmoción interior (art. 213) y emergencia económica, social o ecológica (art. 215)— están sujetos a límites materiales: no permiten suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales, ni interrumpir el normal funcionamiento de las ramas del poder.

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Preguntas de muestra (35)

1. ¿Cómo define el artículo 1 de la Constitución Política de 1991 a Colombia?

  1. Como un Estado confederado de derecho integrado por departamentos soberanos que delegan competencias revocables en el gobierno nacional
  2. Como un Estado federal de derecho compuesto por regiones autónomas dotadas de constituciones propias y de competencia legislativa plena en materia civil y penal
  3. Como una República liberal de derecho, centralizada en lo político y en lo administrativo, cuyas entidades territoriales carecen de autonomía presupuestal propia
  4. Como un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista

El artículo 1 de la Constitución Política define a Colombia como Estado social de derecho, República unitaria y descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. La fórmula une la unidad política con la descentralización administrativa: no hay federalismo, pero tampoco centralismo absoluto.

2. Según el artículo 2 de la Constitución, ¿cuáles son fines esenciales del Estado colombiano?

  1. Garantizar el equilibrio de las finanzas públicas, la estabilidad de la moneda y el crecimiento sostenido del producto interno bruto por encima de cualquier otra consideración
  2. Asegurar la defensa militar del territorio y la expansión del comercio exterior mediante tratados de integración con los países vecinos de la región andina
  3. Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución
  4. Consolidar la unidad doctrinal del ordenamiento jurídico y uniformar la jurisprudencia de las altas cortes a través de sentencias de unificación obligatorias

El artículo 2 enuncia como fines esenciales servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios y derechos, facilitar la participación y asegurar la convivencia pacífica. Los objetivos económicos o militares son medios, no fines esenciales.

3. ¿Qué cambio introdujo el artículo 3 de la Constitución de 1991 respecto de la titularidad de la soberanía?

  1. Distribuyó la soberanía entre las tres ramas del poder público en proporciones iguales, de modo que ninguna pueda prevalecer sobre las otras dos en caso de conflicto
  2. Mantuvo intacta la soberanía nacional decimonónica, atribuyéndola al conjunto abstracto de la Nación como entidad distinta de los ciudadanos que la componen en cada momento histórico
  3. Radicó la soberanía en el Congreso de la República, único órgano habilitado para expresar la voluntad general mediante leyes de la República y actos legislativos reformatorios
  4. Sustituyó la soberanía nacional por la soberanía popular: reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público, y se ejerce en forma directa o por medio de representantes

El artículo 3 dispone que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El tránsito de la soberanía nacional a la popular es una de las marcas del constituyente de 1991 y fundamenta los mecanismos de participación del artículo 103.

4. ¿Qué establece el artículo 4 de la Constitución Política?

  1. Que las leyes estatutarias tienen jerarquía superior a las leyes ordinarias y prevalecen sobre ellas en caso de contradicción manifiesta entre sus disposiciones
  2. Que los tratados internacionales debidamente ratificados prevalecen siempre sobre el texto constitucional cuando reconocen derechos más favorables a la persona
  3. Que la Constitución es norma de normas y que, en todo caso de incompatibilidad entre ella y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales
  4. Que la jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene fuerza vinculante para todos los jueces del país, quienes no pueden apartarse de ella bajo ninguna circunstancia

El artículo 4 consagra la supremacía constitucional: la Constitución es norma de normas y prevalece en caso de incompatibilidad. De él se deriva la excepción de inconstitucionalidad, que cualquier autoridad puede aplicar con efectos inter partes.

5. Un juez municipal advierte que la norma legal aplicable al caso contradice abiertamente un mandato constitucional. ¿Qué puede hacer?

  1. Debe suspender el proceso y remitir el expediente a la Corte Constitucional para que resuelva previamente sobre la validez de la norma legal cuestionada
  2. Está obligado a aplicar la ley mientras no exista una sentencia de inexequibilidad, porque la presunción de constitucionalidad solo la desvirtúa la Corte Constitucional
  3. Debe consultar al Consejo de Estado, órgano supremo de la jurisdicción contencioso administrativa, sobre la conformidad de la norma con la Constitución
  4. Puede inaplicar la ley en ese caso concreto por excepción de inconstitucionalidad, con efectos solo entre las partes, sin expulsarla del ordenamiento

La excepción de inconstitucionalidad, fundada en el artículo 4, permite a cualquier autoridad inaplicar una norma incompatible con la Constitución en el caso concreto. Su efecto es inter partes: la norma sigue vigente y solo la Corte Constitucional puede retirarla del ordenamiento.

6. ¿Qué reconoce el artículo 5 de la Constitución Política?

  1. La primacía de los derechos inalienables de la persona y el amparo de la familia como institución básica de la sociedad
  2. La primacía del interés general sobre el interés particular en toda actuación de las autoridades públicas y de los particulares
  3. La igualdad de todas las confesiones religiosas ante la ley y la libertad de cada persona para profesar la que elija
  4. La obligación del Estado de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación frente a la explotación indiscriminada

El artículo 5 reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. La prevalencia del interés general figura en el artículo 1 y la protección de las riquezas culturales en el artículo 8.

7. Conforme al artículo 6 de la Constitución, ¿en qué se diferencia la responsabilidad del particular de la del servidor público?

  1. No existe diferencia alguna: ambos responden únicamente por infringir la Constitución y las leyes vigentes al momento de la conducta reprochada
  2. El particular responde por acción y por omisión ante cualquier autoridad, mientras que el servidor público goza de una presunción de legalidad que lo exime de responsabilidad
  3. El servidor público solo responde disciplinariamente ante sus superiores jerárquicos, mientras que el particular responde civil, penal y fiscalmente por sus actos
  4. El particular responde por infringir la Constitución y las leyes; el servidor público responde además por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones

El artículo 6 establece que los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, mientras que los servidores públicos lo son por la misma causa y, además, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. De ahí que para el servidor rija el principio de competencia expresa.

8. ¿Qué principio consagra el artículo 7 de la Constitución Política?

  1. El reconocimiento y la protección por el Estado de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana
  2. El deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios y de las comunidades campesinas
  3. La obligación estatal de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación frente a su deterioro o pérdida
  4. El carácter oficial del castellano y de las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus territorios

El artículo 7 dispone que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. La protección de las riquezas culturales corresponde al artículo 8 y el régimen de las lenguas de los grupos étnicos al artículo 10.

9. ¿Qué límite ha fijado la jurisprudencia constitucional al principio de prevalencia del interés general del artículo 1?

  1. Ninguno: el interés general prevalece siempre y de forma automática sobre cualquier derecho individual invocado por una persona en un caso concreto
  2. Solo cede ante los derechos patrimoniales adquiridos con arreglo a las leyes civiles, que gozan de protección reforzada por el artículo 58 de la Constitución
  3. Su aplicación exige un juicio de proporcionalidad y no puede servir para desconocer el núcleo esencial de los derechos fundamentales de la persona
  4. Únicamente rige en materia tributaria y de expropiación, ámbitos en los que la Constitución lo menciona expresamente como criterio de decisión

La primacía del interés general no autoriza el sacrificio del núcleo esencial de los derechos fundamentales: su invocación debe superar un juicio de proporcionalidad. Leído junto al artículo 5, que reconoce la primacía de los derechos inalienables, el principio funciona como criterio de ponderación y no como cláusula de exclusión.

10. ¿Qué dispone el artículo 11 de la Constitución Política sobre el derecho a la vida?

  1. Que el derecho a la vida es inviolable y que no habrá pena de muerte
  2. Que el derecho a la vida podrá limitarse por ley estatutaria cuando lo exija la seguridad nacional en tiempos de conmoción interior
  3. Que el derecho a la vida se garantiza desde la concepción y que toda interrupción del embarazo constituye delito sin excepción alguna
  4. Que el derecho a la vida cede ante el deber de defensa de la patria en los casos previstos por el Código Penal Militar

El artículo 11 declara inviolable el derecho a la vida y prohíbe expresamente la pena de muerte. La regulación del aborto no proviene de ese texto sino de la jurisprudencia constitucional que ha interpretado los artículos 11, 16 y 49.

11. ¿Qué prohíbe expresamente el artículo 12 de la Constitución Política?

  1. La imposición de penas privativas de la libertad superiores a cincuenta años y la aplicación retroactiva de la ley penal desfavorable al procesado
  2. La desaparición forzada, las torturas y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
  3. La detención administrativa de personas sin orden judicial previa, aun en los casos de flagrancia debidamente acreditada
  4. El desplazamiento forzado de la población civil y la confiscación de bienes por razones de orden público o de seguridad interior

El artículo 12 establece que nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es una prohibición absoluta, no susceptible de suspensión en estados de excepción según el artículo 214.

12. ¿Qué dos dimensiones de la igualdad reconoce el artículo 13 de la Constitución?

  1. Una igualdad exclusivamente formal ante la ley, sin que el Estado pueda adoptar tratos diferenciados en favor de grupo alguno de la población
  2. Una igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público y una igualdad tributaria basada en la capacidad contributiva de cada persona natural o jurídica
  3. Una igualdad formal ante la ley y un mandato de igualdad material que obliga al Estado a promover condiciones reales y adoptar medidas en favor de grupos discriminados
  4. Una igualdad entre nacionales y extranjeros en el ejercicio de los derechos políticos y una igualdad entre las distintas confesiones religiosas ante el Estado

El artículo 13 proclama que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, y añade que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Esa segunda dimensión es el fundamento constitucional de las acciones afirmativas.

13. ¿Qué garantiza el artículo 14 de la Constitución Política?

  1. El derecho de toda persona a la intimidad personal y familiar y a su buen nombre
  2. El derecho de toda persona al reconocimiento de su personalidad jurídica
  3. El derecho de toda persona al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás
  4. El derecho de toda persona a la libertad de conciencia y a no ser molestada por razón de sus convicciones o creencias

El artículo 14 dispone que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. La intimidad corresponde al artículo 15, el libre desarrollo de la personalidad al 16 y la libertad de conciencia al 18.

14. ¿Dónde tiene su fundamento constitucional el derecho al habeas data?

  1. En el artículo 20, que garantiza la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial y de fundar medios masivos de comunicación
  2. En el artículo 74, que declara el derecho de acceso a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley y consagra el secreto profesional
  3. En el artículo 15, que reconoce el derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones recogidas en bancos de datos y archivos de entidades públicas y privadas
  4. En el artículo 23, que garantiza el derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a obtener pronta resolución

El artículo 15 consagra el derecho a la intimidad y, en su inciso segundo, el habeas data: conocer, actualizar y rectificar las informaciones recogidas sobre la persona en bancos de datos y archivos. Su desarrollo legal está en la Ley 1581 de 2012 y, para el dato financiero, en la Ley 1266 de 2008.

15. Según el artículo 16 de la Constitución, ¿qué límites tiene el libre desarrollo de la personalidad?

  1. Los que determinen las autoridades de policía en ejercicio de sus competencias de preservación de la convivencia ciudadana
  2. Los que fije el reglamento de cada institución educativa o laboral en ejercicio de su autonomía y de su potestad disciplinaria interna
  3. Los que resulten de las buenas costumbres y de la moral social predominante en la respectiva comunidad, apreciadas por el juez de tutela
  4. Los que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico

El artículo 16 reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. La Corte Constitucional ha subrayado que las restricciones deben tener respaldo legal y superar un juicio de proporcionalidad.

16. ¿Qué prohíbe el artículo 17 de la Constitución Política?

  1. El trabajo forzoso de los internos en establecimientos penitenciarios, aun cuando se realice de manera remunerada y voluntaria dentro de programas de resocialización
  2. La esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas
  3. El trabajo de los adolescentes mayores de quince años, incluso cuando cuenten con autorización del inspector de trabajo y consentimiento de sus padres
  4. La contratación de personal mediante empresas de servicios temporales para atender actividades misionales permanentes de la empresa usuaria

El artículo 17 prohíbe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Las restricciones al trabajo de menores no derivan de este artículo sino del artículo 44 y del Código de la Infancia y la Adolescencia.

17. ¿Qué distingue la libertad de conciencia del artículo 18 de la libertad de cultos del artículo 19?

  1. No se distinguen: el artículo 19 es una simple reiteración del artículo 18 referida al ámbito de las creencias de tipo religioso
  2. La libertad de conciencia protege las convicciones de cualquier naturaleza y prohíbe obligar a actuar contra ellas; la de cultos protege específicamente la profesión y difusión de la fe religiosa
  3. La libertad de conciencia es un derecho de contenido colectivo que solo puede ejercerse a través de asociaciones legalmente reconocidas por el Ministerio del Interior
  4. La libertad de cultos comprende únicamente el derecho a no profesar religión alguna, mientras que la de conciencia se refiere al ejercicio público del culto

El artículo 18 garantiza la libertad de conciencia y prohíbe molestar a alguien por razón de sus convicciones o compelerlo a actuar contra ellas; el artículo 19 protege la libertad de cultos y declara la igualdad de todas las confesiones religiosas ante la ley. La primera es más amplia: cubre convicciones no religiosas, como la objeción de conciencia.

18. ¿Qué comprende la garantía del artículo 20 de la Constitución Política?

  1. El derecho de acceso a los documentos públicos y a las bases de datos administradas por autoridades y particulares que cumplan funciones públicas
  2. Únicamente el derecho de los periodistas profesionales inscritos en el registro correspondiente a ejercer su oficio sin injerencias del Estado
  3. La libertad de expresar y difundir el pensamiento, informar y recibir información veraz e imparcial, fundar medios de comunicación, y la prohibición de censura
  4. El derecho de rectificación de las informaciones inexactas, sin que la Constitución consagre garantía alguna frente a la censura previa administrativa

El artículo 20 garantiza la libertad de expresar y difundir el pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de fundar medios masivos de comunicación, y añade que no habrá censura. El derecho de rectificación en condiciones de equidad figura en el mismo artículo, como garantía correlativa.

19. ¿Qué derecho consagra el artículo 23 de la Constitución Política?

  1. El derecho a la libre circulación por el territorio nacional y a entrar y salir del país con las limitaciones que establezca la ley
  2. El derecho de reunión y manifestación pública y pacífica, cuyo ejercicio solo puede limitarse por la ley en casos expresamente señalados
  3. El derecho a acceder a los documentos públicos salvo en los casos en que la ley disponga expresamente su reserva por razones de seguridad
  4. El derecho de toda persona a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución

El artículo 23 consagra el derecho de petición como derecho fundamental. Su desarrollo corresponde a la Ley Estatutaria 1755 de 2015, incorporada al CPACA, que fija el término general de quince días hábiles para resolver.

20. Según el artículo 25 de la Constitución, ¿qué naturaleza tiene el trabajo?

  1. Es un derecho y una obligación social que goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado
  2. Es exclusivamente un deber social exigible a toda persona en edad productiva bajo pena de las sanciones que establezca la ley
  3. Es un derecho de contenido meramente programático, cuya exigibilidad depende por completo de la disponibilidad presupuestal del Estado
  4. Es una libertad económica que se rige por la autonomía de la voluntad de las partes sin intervención estatal en las condiciones de contratación

El artículo 25 define el trabajo como un derecho y una obligación social que goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado, y garantiza a toda persona el derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Esa doble naturaleza sostiene el principio de estabilidad y los principios mínimos del artículo 53.

21. ¿A qué actuaciones se aplica el debido proceso según el artículo 29 de la Constitución?

  1. A toda clase de actuaciones judiciales y administrativas
  2. Exclusivamente a las actuaciones penales y disciplinarias
  3. Únicamente a los procesos judiciales de cualquier jurisdicción
  4. A las actuaciones judiciales y a las administrativas sancionatorias

El artículo 29 dispone que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. La fórmula es deliberadamente amplia y comprende los procedimientos administrativos disciplinarios, sancionatorios y ordinarios.

22. ¿Cómo formula el artículo 29 de la Constitución la presunción de inocencia?

  1. Toda persona se presume inocente mientras no exista en su contra una medida de aseguramiento privativa de la libertad debidamente legalizada
  2. Toda persona se presume inocente hasta que la Fiscalía General de la Nación formule escrito de acusación ante el juez de conocimiento competente
  3. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable
  4. Toda persona se presume inocente salvo que sea capturada en situación de flagrancia por autoridad competente o por particulares

El artículo 29 establece que toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Ni la imputación, ni la acusación, ni la medida de aseguramiento desvirtúan esa presunción, que solo cede ante sentencia en firme.

23. ¿Qué garantía del artículo 29 impide juzgar dos veces por el mismo hecho?

  1. El principio de favorabilidad, que ordena aplicar la ley permisiva o favorable aun cuando sea posterior a la comisión del hecho
  2. El principio de legalidad, que exige que nadie sea juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa
  3. El principio del non bis in idem, que prohíbe ser juzgado dos veces por el mismo hecho
  4. El principio de la doble instancia, que garantiza el derecho a impugnar la sentencia condenatoria ante el superior jerárquico

El artículo 29 consagra el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. La Corte Constitucional exige identidad de sujeto, de objeto y de causa para que opere, lo que explica que puedan coexistir la sanción penal y la disciplinaria.

24. En un allanamiento realizado sin orden judicial y sin que mediara flagrancia, la policía halla elementos incriminatorios. ¿Cuál es su valor probatorio?

  1. Son nulas de pleno derecho, conforme al inciso final del artículo 29 de la Constitución, que declara nula la prueba obtenida con violación del debido proceso
  2. Conservan pleno valor si el juez de control de garantías realiza posteriormente el control de legalidad del procedimiento y lo declara ajustado a derecho
  3. Tienen valor de indicio grave que debe ser apreciado con las demás pruebas conforme a las reglas de la sana crítica del juzgador
  4. Pueden ser convalidadas si el afectado no las tacha dentro del término de traslado previsto para la audiencia preparatoria del juicio oral

El inciso final del artículo 29 dispone que es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. La Ley 906 de 2004 recoge la regla en su artículo 23 como cláusula de exclusión, cuyo alcance frente a la prueba derivada ha delimitado la jurisprudencia.

25. ¿En qué término debe resolverse la solicitud de habeas corpus según el artículo 30 de la Constitución?

  1. Dentro del término de traslado de tres días concedido a la autoridad accionada para rendir el informe correspondiente sobre la privación de la libertad
  2. Dentro de los diez días hábiles siguientes al reparto, plazo idéntico al previsto para el fallo de la acción de tutela de primera instancia
  3. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, prorrogables por una sola vez cuando la complejidad del asunto lo exija a juicio del juez
  4. Dentro de las treinta y seis horas siguientes a la presentación de la solicitud ante cualquier autoridad judicial

El artículo 30 dispone que el habeas corpus debe resolverse en el término de treinta y seis horas. La Ley Estatutaria 1095 de 2006 lo reglamenta y precisa que puede invocarse ante cualquier autoridad judicial, en todo momento y lugar.

26. ¿Qué principio consagra el artículo 31 de la Constitución Política?

  1. Que el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único, sin que exista derecho a impugnar la sentencia adversa
  2. Que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley, y que el superior no podrá agravar la pena cuando el condenado sea apelante único
  3. Que todas las sentencias sin excepción son susceptibles del recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia
  4. Que las sentencias de tutela deben ser siempre revisadas por la Corte Constitucional antes de adquirir el carácter de cosa juzgada

El artículo 31 establece la doble instancia con reserva legal de excepciones y consagra la prohibición de reforma en perjuicio (non reformatio in pejus) para el apelante único. Ambas garantías se leen conjuntamente en el mismo texto.

27. ¿Qué excepción al requisito de orden judicial previa contempla el artículo 32 de la Constitución?

  1. La captura administrativa ordenada por el alcalde municipal cuando resulte necesaria para preservar el orden público local
  2. La captura del sorprendido en flagrancia, que puede ser aprehendido por cualquier persona y llevado ante la autoridad
  3. La retención transitoria de veinticuatro horas dispuesta por el comandante de policía frente a personas en estado de embriaguez
  4. La detención preventiva ordenada directamente por el fiscal delegado cuando existan indicios graves de responsabilidad penal

El artículo 32 permite que el delincuente sorprendido en flagrancia sea aprehendido y llevado ante el juez por cualquier persona. Es la excepción constitucional a la reserva judicial de la captura del artículo 28, desarrollada en el artículo 301 de la Ley 906 de 2004.

28. ¿Qué garantiza el artículo 33 de la Constitución Política?

  1. Que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo, sin que la garantía se extienda a los familiares del investigado en ningún grado
  2. Que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil
  3. Que ninguna persona podrá ser interrogada por la policía judicial sin la presencia de su abogado defensor de confianza o de oficio
  4. Que las declaraciones rendidas ante autoridad administrativa carecen de valor probatorio en el proceso penal por no haberse practicado ante juez

El artículo 33 extiende la garantía de no autoincriminación al cónyuge, compañero permanente y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Es una regla de exención del deber de declarar, no una prohibición de declarar voluntariamente.

29. ¿Qué penas prohíbe el artículo 34 de la Constitución Política?

  1. Las penas privativas de la libertad superiores a cuarenta años y las medidas de seguridad de duración indeterminada
  2. Las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas impuestas de manera vitalicia
  3. Las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación
  4. Las multas cuyo monto exceda la capacidad económica demostrada del condenado en el incidente correspondiente

El artículo 34 prohíbe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, y en su inciso segundo admite la extinción de dominio sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social. La extinción de dominio no es confiscación porque exige declaración judicial y origen ilícito.

30. ¿Qué garantiza el artículo 37 de la Constitución Política?

  1. El derecho de asociarse libremente para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad
  2. El derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del poder político mediante los mecanismos de participación ciudadana
  3. El derecho de los trabajadores y empleadores a constituir sindicatos sin intervención del Estado y a obtener su reconocimiento automático
  4. El derecho de toda parte del pueblo a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, con las limitaciones que expresamente señale la ley

El artículo 37 reconoce el derecho de reunión y manifestación pública y pacífica, sujeto solo a las limitaciones que expresamente señale la ley. La libertad de asociación corresponde al artículo 38 y la sindical al artículo 39.

31. Según el artículo 40 de la Constitución, ¿en qué consiste el derecho fundamental a la participación política?

  1. En el derecho de petición en interés general dirigido a las autoridades para obtener información sobre la gestión de los recursos públicos
  2. Exclusivamente en el derecho de sufragio activo, ejercido mediante el voto en las elecciones periódicas convocadas por la organización electoral
  3. En el derecho de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica a presentar listas y candidatos a las corporaciones públicas
  4. En el derecho de todo ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, que incluye elegir y ser elegido y acceder a cargos públicos

El artículo 40 reconoce a todo ciudadano el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y enumera manifestaciones como elegir y ser elegido, tomar parte en elecciones, plebiscitos y referendos, constituir partidos y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos. Su inciso final ordena garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer.

32. ¿Qué distingue los derechos del Capítulo 2 del Título II de los del Capítulo 1?

  1. Los del Capítulo 1 se protegen por tutela y los del Capítulo 2 nunca, cualquiera que sea la situación concreta del titular
  2. Los del Capítulo 2 solo vinculan a los particulares, mientras que los del Capítulo 1 vinculan exclusivamente a las autoridades públicas del Estado
  3. Los del Capítulo 1 son fundamentales y los del Capítulo 2 son sociales, económicos y culturales, de contenido prestacional, protegidos por tutela cuando se acredita conexidad o se define su contenido
  4. Los del Capítulo 2 se reglamentan por ley ordinaria y los del Capítulo 1 requieren siempre ley estatutaria para su desarrollo normativo

El Capítulo 1 del Título II agrupa los derechos fundamentales (arts. 11 a 41) y el Capítulo 2 los sociales, económicos y culturales (arts. 42 a 77). La Corte Constitucional ha admitido su protección por tutela por conexidad o cuando el contenido de la prestación está definido, superando la clasificación puramente formal.

33. ¿Qué regla especial fija el artículo 44 de la Constitución respecto de los derechos de los niños?

  1. Que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás
  2. Que sus derechos se equiparan a los de la tercera edad
  3. Que sus derechos solo los ejerce el defensor de familia
  4. Que sus derechos ceden ante el interés general

El artículo 44 enumera los derechos fundamentales de los niños y cierra afirmando que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. Ese mandato de prevalencia se traduce en el principio del interés superior del menor, recogido en la Ley 1098 de 2006.

34. ¿Qué cambio produjo la Ley Estatutaria 1751 de 2015 en la naturaleza del derecho a la salud?

  1. Lo reconoció expresamente como derecho fundamental autónomo, superando la tesis de la protección únicamente por conexidad
  2. Lo convirtió en un servicio público de prestación exclusivamente estatal, excluyendo a los particulares de su prestación
  3. Lo redujo a un derecho prestacional sujeto a la disponibilidad de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
  4. Lo trasladó al capítulo de derechos colectivos, protegido en adelante mediante acciones populares y no por acción de tutela

La Ley Estatutaria 1751 de 2015 reconoció la salud como derecho fundamental autónomo e irrenunciable, con lo que dejó de exigirse la conexidad con la vida o la integridad para su protección por tutela. Su artículo 8 consagra además la integralidad de la atención.

35. ¿Qué materias regula el Capítulo 3 del Título II de la Constitución?

  1. Los derechos colectivos y del ambiente: derechos del consumidor, ambiente sano, espacio público y moralidad administrativa
  2. Los deberes y obligaciones de la persona y del ciudadano frente al Estado y frente a la comunidad
  3. Los derechos fundamentales de aplicación inmediata enumerados en el artículo 85 de la Constitución Política
  4. Los mecanismos de protección y aplicación de los derechos, entre ellos la acción de tutela y las acciones populares

El Capítulo 3 del Título II (arts. 78 a 82) agrupa los derechos colectivos y del ambiente. Los mecanismos de protección se encuentran en el Capítulo 4 (arts. 83 a 94) y los deberes en el Capítulo 5 (art. 95).

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